2014: el año de los nacionalismos escocés y catalán

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El nacionalismo será uno de los temas clave en la agenda política del 2014: el próximo 18 de septiembre, los escoceses participarán de un referéndum en el que decidirán su emancipación del Reino Unido. Mientras que los catalanes resolverán sobre su futuro el 9 de noviembre, si el gobierno español no se los termina impidiendo.

Para amedrentar a los partidarios de la independencia, los gobiernos del primer ministro británico David Cameron y del presidente español Mariano Rajoy no sólo han alertado sobre los problemas económicos que la escisión acarrearía, sino amenazado con el mismo castigo en caso de que las consultas populares terminaran por zanjar la cuestión a favor del separatismo: los nuevos Estados no pasarían a formar parte automáticamente de la Unión Europea (UE), negándoseles así muchos de los beneficios que la asociación les reporta a sus miembros. 

No hay que olvidar que tanto Gran Bretaña como España tienen una amplia experiencia en lo que se refiere a enfrentar intentos separatistas provenientes de Irlanda del Norte y del País Vasco, respectivamente, de modo que no son rookies en la materia.

El caso escocés

Escocia, con sus 5 millones de habitantes, es una de las cuatro naciones que constituyen el Reino Unido, junto con Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra. Perdió su independencia en 1707, cuando por el Acta de Unión Inglaterra y Escocia pasaron a conformar Gran Bretaña. La pregunta del referéndum será directa: “¿Debería Escocia ser un país independiente?”.

A pesar del éxito que significa haber podido convocar el referéndum, y encima en un año muy significativo (se cumple el 700 aniversario de la Batalla de Bannockburn, victoria clave que les garantizaría a los escoses su posterior independencia), el ministro principal escocés y líder del Partido Nacional Escocés (PNE), Alex Salmond, debe enfrentar la oposición de laboristas, conservadores y liberales-demócratas. Como si fuera poco, los últimos sondeos indican una clara ventaja en votos a favor del “No” a la separación (las encuestas muestran que casi un 50 % se inclina por el unionismo, un 30 % apoya la independencia y el 20 % restante no sabe aún qué decisión adoptar). No obstante los pronósticos favorables, Londres ha endurecido su discurso, sobre todo por el temor a que los votantes indecisos terminen por elegir la opción secesionista.

Salmond presentó en noviembre pasado el Libro Blanco, documento que aborda la viabilidad de la independencia y responde a 650 preguntas sobre la misma. El ministro principal escocés aseguró que la separación generará más prosperidad e igualdad económica. Escocia continuaría reconociendo a la reina Isabel II como cabeza de Estado, se mantendría la libra como moneda y seguiría siendo miembro de la Unión Europea, aunque pasaría a tener sus propias fuerzas armadas y recaudaría sus impuestos. Asimismo, se mantendría la pertenencia a la OTAN, aunque la intención es que Escocia se convierta en “zona desnuclearizada” (lo que implicaría el retiro de los misiles Trident de su territorio).

Según el periodista y licenciado en Filosofía, Antonio Sánchez-Gijón, la creación de una Escocia independiente reduciría el peso económico del Reino Unido en un 10 %, lo que afectaría su influencia y poder en Europa y el mundo.

Desde Londres se encargaron de desmentir varias de las “promesas” de Salmond: es muy difícil que el gobierno británico acepte compartir la libra y Escocia debería renegociar su pertenencia a la UE. Además, advirtieron que los impuestos para los escoceses aumentarían en mil libras anuales per cápita. A todo esto se suma otra dificultad: Escocia tendría que hacerse cargo de una parte de la deuda del Reino Unido.

Una fuente de recursos fundamental para asegurar el financiamiento de una hipotética Escocia independiente es el petróleo del Mar del Norte. Edimburgo reclama el 90 % de los yacimientos de crudo y gas, cuestión que aún está pendiente de negociación con Londres.

Cameron, quien aseguró en varias oportunidades que lucharía por evitar la independencia escocesa, ha asumido un rol protagónico. Hecho que se advierte en su decisión de haber firmado un acuerdo con Salmond por el que ambos se comprometen a acatar el resultado de la consulta. De esta manera, el primer ministro británico ha tomado las riendas de la situación, estrategia que difiere de la adoptada en España.

Por último, el auge del nacionalismo escocés se enmarca en un contexto especial. De acuerdo al sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein, Gran Bretaña enfrenta un problema serio de identidad. Desde mediados del siglo pasado, ha tenido que aprender a ser una potencia del pasado: “Gran Bretaña tiene otros problemas, la siempre creciente fuerza del regionalismo (y hasta el prospecto de independencia) de Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Gran Bretaña se resiste, lo mejor que puede, a quedar reducida a Inglaterra. Y lo está haciendo en un momento en que Estados Unidos no parece estar significativamente comprometido con algo siquiera semejante a una relación especial”.

El caso catalán

El presidente catalán Artur Mas –con su partido Convergencia y Unión (CiU)- lidera el movimiento independentista en Cataluña, una de las 17 comunidades autónomas en las que se divide España, además de las ciudades de Ceuta y Melilla. Estas entidades territoriales (cuya organización establece la Constitución de 1978) cuentan con distintos niveles de autogobierno, que incluyen prerrogativas ejecutivas y legislativas.

Los catalanes comenzaron su lucha por la independencia -que se apoya en una historia, lengua y tradiciones propias- en el siglo XIX. Se consideran a sí mismos una nación. Los separatistas aducen que Cataluña le aporta al fisco español más de lo que Madrid le retribuye en beneficios (aunque ahora este argumento, caro para ellos, está en entredicho según algunos informes) y que la independencia les reportaría beneficios económicos.

Como dijimos antes, Cameron se hizo cargo del asunto al acordar con Salmond la convocatoria al referéndum, mientras que en España la situación es muy distinta: Rajoy, quien no sólo comunicó que la consulta no se va a realizar por ser inconstitucional, sino que lanzó toda una batería discursiva en su contra, ha optado por una actitud pasiva que ha dejado en manos del independentismo toda la iniciativa política. De acuerdo al periodista Marcos Lamelas, dicha táctica es sólo una de las razones que permiten explicar el crecimiento del movimiento emancipatorio en Cataluña, entre las que se encuentran además la crisis económica, el apoyo de los intelectuales y la crisis institucional española.

Los catalanes deberán responder dos preguntas en noviembre: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y “En caso de respuesta afirmativa, ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente?”. Los últimos sondeos hablan de que cerca del 50 % de la población está a favor de la independencia, mientras que un 24 % se pronunciaría en contra.

Si Cataluña se vuelve independiente (algo muy improbable teniendo en cuenta el panorama ya descrito), las dificultades económicas para los catalanes no tardarán en manifestarse. Las principales serían dos, como advierte el economista Gabriel Oddone: una pérdida de eficiencia relacionada a las deseconomías de escala, producto de la fragmentación de la prestación de servicios públicos; y una mayor presión fiscal.

Cataluña, que cuenta con más de 7 millones de habitantes, es una de las regiones industriales líderes. Recurriendo nuevamente a los datos aportados por Sánchez-Gijón, España perdería aproximadamente el 20 % de su poder económico si la secesión se realiza. “La resta del peso económico catalán haría que [España] probablemente perdiera su puesto en el G-20, ya que con el 80% de su PIB restante se vería sobrepasada por unos cuantos países emergentes, ansiosos de nuevas formas de reconocimiento internacional, que podrían reclamar por sus atributos cuantitativos superiores a los españoles”, advierte.

Así como ya hizo Londres con los escoceses, Rajoy recalcó que una Cataluña escindida de España no tiene asegurada su membresía automática en la UE. 

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