Apatridia en República Dominicana (I)

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No ser reconocido por ningún país como ciudadano. Tal es la definición clásica del apátrida, de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Millones de personas alrededor del mundo sufren este flagelo, pero en el presente artículo me ocuparé de la situación de los hijos de haitianos en República Dominicana.

Antes de abordarlo, sin embargo, problematizaremos el fenómeno de la apatridia, lo que nos llevará inevitablemente a un cuestionamiento de los Derechos Humanos tal como son entendidos en la actualidad. Pero en su conceptualización amplia, y no en aquélla que los vincula sola y exclusivamente a lo ocurrido durante la última dictadura militar.

Arendt y el derecho a tener derechos

Primeramente, recurriré al famoso trabajo de la reconocida filósofa Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo (1951), en el que aborda el drama de las displaced persons. Este fenómeno, que estalló con la Primera Guerra Mundial y los conflictos posteriores, se agudizó en la atmósfera de desintegración del período de entreguerras sufrida por Europa. De la desaparición de la Rusia zarista y de Austria Hungría surgieron dos víctimas principales: los apátridas y las minorías, que no tenían ningún gobierno que los protegiera. A lo que se sumó el problema de los refugiados desnacionalizados. Arendt sostiene que los DDHH eran disfrutados por los ciudadanos de los países más desarrollados, no por estas displaced persons que habían sido expulsadas de la trinidad del Estado-pueblo-territorio.

Arendt aborda un problema crucial concerniente a los Derechos Humanos: no hay posibilidad de afirmarlos sin primero ser ciudadano de algún Estado. Como recuerda acertadamente el jurista Celso Lafer en su libro La reconstrucción de los Derechos Humanos. Un diálogo con el pensamiento de Hannah Arendt (1994), la pensadora sostiene que el primer derecho humano es el derecho a tener derechos. Lo que significa ser miembro de alguna comunidad. Dicho de otra forma: la ciudadanía es, pues, el derecho que le garantiza a la persona tener derechos. ¿Pero entonces qué ocurre con los apátridas? Al no encontrar lugar en la familia de las naciones, viven al margen de la ley. No tienen un Estado en cuya legislación ampararse. Perder la ciudadanía implica, recurriendo nuevamente a Lafer, ser expulsado de la propia humanidad. Y sólo cometiendo un delito, advierte el jurista, puede el apátrida ser protegido por la ley. ¡Vaya paradoja!

“La calamidad de los fuera de la ley no estriba en que se hallen privados de la vida, de la libertad y de la prosecución de la felicidad, o de la igualdad ante la ley y de la libertad de opinión, sino que ya no pertenecen a comunidad alguna. Su condición no es la de no ser iguales ante la ley, sino la de que no existe ley alguna para ellos”, afirma Arendt.

Por todo lo dicho anteriormente, comprobamos que los derechos humanos están basados en la noción de ciudadanía (o status civitatis). Este vínculo entre Ciudadanía y DDHH es consecuencia de que la Revolución Francesa haya creado un nexo entre la Declaración de los Derechos del Hombre y la soberanía nacional. Porque, si bien los derechos se habían considerado independientes de todo gobierno, ocurrió que cuando los seres humanos carecían de uno propio, no tenían ninguna autoridad a la que recurrir para que los defendiera.

El caso Yean y Bosico vs República Dominicana

Si bien desde los organismos internacionales no sólo se ha intentado proteger a los individuos en cuanto individuos y no en cuanto nacionales de algún Estado, sino también impedir la aparición de apátridas y otorgarles cierta protección (a través del Estatuto de los Apátridas, de 1954, y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1961), la apatridia continúa siendo un fenómeno contemporáneo. Algo que confirmamos en la discriminación que sufren los descendientes de haitianos por parte del gobierno de República Dominicana. Varios artículos periodísticos analizados para la ocasión así lo atestiguan:

Los hijos de haitianos nacidos en República Dominicana no son admitidos como nacionales, debido a que la legislación interna les niega la ciudadanía a los descendientes de personas “en tránsito” (así son considerados los haitianos, pese a vivir muchos años en República Dominicana). Entre otras cosas, la considerable migración de haitianos hacia ese país se explica por causas económicas y laborales: por ejemplo, en los 50 un gran número de haitianos fueron invitados por el régimen dictatorial de Rafael Trujillo para trabajar como obra de mano barata en los ingenios azucareros. Se asentaron en el país, formaron familias. Y desde hace tiempo se les impide a los descendientes el ejercicio de sus derechos. ¿Cómo? Repetimos: privándoles de la nacionalidad. O sea, son apátridas.

El caso Yean y Bosico vs República Dominicana, tratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ilustra perfectamente esta problemática. A estas dos niñas de ascendencia haitiana se les denegaron las actas de nacimiento, lo que les coartaba el derecho a la educación, entre otras cosas. En la sentencia emitida por la Corte IDH en el 2005, se declaró que el Estado de República Dominicana era responsable por la violación de los derechos a la nacionalidad, a la igualdad ante la ley, al nombre y al reconocimiento de la personalidad jurídica de las niñas, así como del derecho a la integridad personal de las madres de las mismas. En consecuencia, la Corte dispuso medidas de reparación.

Y hace dos años, el Tribunal Constitucional de dicho país dictó una sentencia (la TC/0168/13) mediante la cual pretendía quitarles la nacionalidad a miles de personas. Más específicamente, a los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en suelo dominicano ¡a partir de 1929! Frente a esta situación, el ACNUR le ha exigido en múltiples ocasiones al gobierno dominicano que les restituya la nacionalidad a las personas afectadas. En consecuencia, el Congreso de dicho país aprobó la ley 169-14 (de naturalización y regularización de extranjeros).

(CONTINÚA EN PRÓXIMO POST)

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