Apatridia en República Dominicana (II)

150226045322_haiti_protest_dominican_republic_624x351_reuters

A fin de profundizar un poco más en el flagelo de la apatridia y en el caso de los haitianos en República Dominicana, entrevisté a la abogada, consultora y docente María Laura Gianelli Dublanc, magíster en Políticas de Migraciones Internacionales.

En un artículo previo, problematicé el fenómeno de las personas que no son reconocidas como ciudadanos por ningún país, recurriendo a los valiosos aportes de Arendt.

Asimismo, abordé un caso concreto: el de Yean y Bosico vs República Dominicana, tratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y mencioné la polémica sentencia (la TC/0168/13) mediante la cual el gobierno de dicho país pretendió quitarles la nacionalidad a miles de personas, una muestra más de una política que ha sido fuertemente criticada por el ACNUR, organismo que le ha exigido en múltiples ocasiones al Estado dominicano que les restituya la ciudadanía a las personas afectadas. Por último, señalé que, en consecuencia, se aprobó la ley 169-14 (de naturalización y regularización de extranjeros). Primeramente, la especialista se refirió a este tema.

-¿Considera que la ley de naturalización aprobada por el Congreso dominicano es una solución o un parche?

Esta ley viene a ser un parche después de las sanciones que le impuso la Corte Interamericana de DDHH a República Dominicana. Los dominicanos con ascendencia haitiana no deben esperar una mejora de su situación. El reclamo viene desde hace varias décadas. La cuestión es así: República Dominicana tiene dos legislaciones complejas, una sobre nacionalidad y otra sobre migraciones. Respecto a la primera, son dominicanos de nacimiento aquellos nacidos en territorio dominicano, pero no pueden obtener la naturalización ni la nacionalidad aquellos que sean hijos de transeúntes. Ahora bien, ¿quiénes son los transeúntes? Hay que revisar la ley migratoria, y según ésta son los que no tienen lo que en nuestro país llamaríamos residencia temporal o definitiva. Este término, ¿a quiénes hace referencia? ¿A cualquier extranjero que pisa República Dominicana? No, sino específicamente a los haitianos. ¿Por qué? Hay que echarle un vistazo a las cuestiones históricas: las viejas colonias, una francesa y la otra española, unos más negros, otros menos negros…El tema es que hay un odio ancestral, de carácter racial, que hace que los dominicanos no se consideren mestizos ni esclavos.

República Dominicana realiza deportaciones masivas de entre 15 y 20 mil personas, en vez de regularizarlas. Estamos hablando de dos o tres generaciones de dominicanos con ascendencia haitiana, que viven en tinglados muy precarios. República Dominicana no quiere gente de ascendencia haitiana en su territorio porque eso los “vuelve” más negros. Es un tema racial, lo dicen los propios funcionarios del gobierno. Ellos se consideran blancos españoles, aunque vos los ves y son realmente mestizos.

-Además del caso de dominicanos con ascendencia haitiana en República Dominicana, víctimas de esta discriminación racial a la que se refiere, ¿qué otros casos de apatridia existen en América Latina?

Está el caso de los misquitos, un grupo étnico de Centroamérica; el de una etnia que desciende de los mayas, entre Guatemala, Belice y México. Y hay un tercer grupo, localizado entre Ecuador y Colombia. El problema es que estos grupos indígenas no entienden el concepto de frontera como lo entendemos nosotros, ellos hablan de nación, y viven en zonas limítrofes. Asimismo, han tenido una movilidad ancestral por las actuales zonas fronterizas. Entonces, nacen en un lado u otro de la frontera. ¿Pero qué países los reconocen como sus ciudadanos?

Por ejemplo, Colombia considera colombiano de nacimiento a aquél que sea hijo de padre o madre colombiana. O sea, ius sanguinis (o “derecho de sangre”, en latín) es el criterio que predomina. Pero en otros países se aplica el ius solis (o “derecho del suelo”). ¡Pero momento! Porque los miembros de estos grupos quizás no sepan de qué lado de la frontera nacieron. Ecuador estaba intentando negociar con Colombia un acuerdo bilateral de reconocimiento de nacionalidad múltiple para este grupo al que me referí, pero Colombia se niega. Con respecto a los misquitos, pululan entre cuatro países de América Central, nadie se hace cargo de ellos, y lo mismo pasa con el grupo de origen maya. Ninguno de los países los reconoce como propios. Son apatridias legales por falta de reconocimiento de nacionalidad de origen, sea por vía ius sanguinis o ius solis. En el mundo se desintegran los países o se redibujan las fronteras y cada vez hay más casos de apatridia, son millones de personas las afectadas. Por ejemplo, están los kurdos (pueblo “repartido” entre Siria, Irak, Turquía e Irán) y los gitanos romaníes, entre tantos otros.

-Ahora bien, la apatridia alimenta un conjunto de problemáticas sociales, ¿no es así?

Sí, claro. Un apátrida es una persona excluida de pleno derecho y de hecho. O sea, ¿qué puede pretender si no tiene nada? Lo único que sabe es que se llama de determinada manera porque su familia biológica le puso un nombre. Ahora, ¿tiene derecho al trabajo? A ver, va a trabajar, ¿pero cómo? En sistemas de explotación, terminará seguramente en una red de trata.

capo

¿Va a educarse? Difícilmente pueda ir a la escuela, porque en la mayoría te piden documento de identidad o cédula. ¿Va a poder atenderse en el sistema de salud? Tampoco. El caso Yean y Bosico lo reflejó muy bien. A ver, sos un paria, sos un NN, no tenés el derecho a tener derechos.

-¿De qué manera se puede combatir el fenómeno de la apatridia?

Hay dos convenciones, el Estatuto de los Apátridas (1954) y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia (1961). Ésta última implica que el Estado debe ponerse en movimiento y abordar un montón de cuestiones: desde detectar casos de indocumentación de nacimiento o falta de registraciones hasta crear registros civiles, etc. Por cierto, Argentina sólo tiene ratificado el Estatuto. Hay personas analfabetas que viven en zonas alejadas, selváticas o montañosas, donde obviamente no hay registros civiles. El Estado debe acercarse a esos grupos. A ver, nuestro país cuenta con un sistema de registración de nacimientos en los mismos hospitales, pero los demás países de la región no tienen algo similar.

El ACNUR hoy se encarga a nivel mundial de los casos de refugiados, desplazamientos internos y apatridia. El tema es que este organismo trabaja en cooperación con los gobiernos, y si éstos no quieren cooperar…

El trabajo de registración de nacimientos generó hace un par de años una consulta continental, porque es grave en nuestra región, o sea, la falta de registración. Acá tiene que haber un compromiso serio por parte de los gobiernos centrales para generar obligación estatal pura con el objetivo de que el Estado salga a hacer los relevamientos necesarios como si se tratase de un censo.

-Un problema clave es que los Estados suelen ser muy reticentes a la hora de aplicar medidas que reduzcan los casos de apatridia, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado…

A los países no les interesa enfrentar esta problemática. O sea, hay un problema de responsabilidad internacional del Estado. Éste se obliga vía tratados internacionales (derecho duro) o vía conferencias y reuniones multilaterales (derecho blando) a cumplir con determinadas normas, ¿pero qué ocurre? Todo lo que firman los Estados, luego no es implementado por sus parlamentos ni mucho menos por sus ejecutivos. Y en los países que son federales, como el nuestro, el gran problema que hay es que se cree que estas obligaciones corresponden a los gobiernos nacionales o centrales, cuando en realidad la responsabilidad es del país total, del Estado en general, no de un sector del mismo. O sea que hay ciertas medidas que deben adoptarse desde los municipios hacia Nación, y no a la inversa. En el caso de Argentina, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) está conducido por el Ministerio del Interior y Transporte, pero recordemos que hace unos años había 25 RENAPER, el nacional en coordinación con los provinciales. Mientras en una jurisdicción te tramitaban el documento en dos meses, en otras tardaban tres años. Ahí está la cuestión, esa falta de sincronización.

-A ese desinterés por parte del Estado para combatir la apatridia, ¿se le suma la falta de recursos para enfrentarla?

Yo creo que acá lo que falta es la implementación de una política pública real en materia de documentación. Tanto en Argentina como en otros países. De todas formas, Argentina, a diferencia de otras naciones sudamericanas, es una maravilla. Tiene sus falencias, sí, pero es pionera en la región en estos temas. Los países vecinos no tienen buenos sistemas de registración de nacimiento o de documentación de personas.

-Y además de las medidas que debe adoptar el Estado, ¿qué otras más deberían implementarse?

Es importante además el trabajo territorializado que pueda llevar adelante la sociedad civil, por ejemplo las universidades y los partidos políticos, entre otros actores. Habría que hacer un relevamiento muy puntual, elevar los resultados a la instancia correspondiente, municipal provincial o nacional, y conseguir el presupuesto necesario, además del personal y la tecnología correspondientes, para que el Estado se haga presente, como dije, en esas zonas complejas con poblaciones que por temas geográficos o culturales no han podido acercarse a los centros urbanos.

Los abordajes territoriales que se hagan deben ser específicos, por país, zona geográfica y tipo de gente. Por ejemplo, no es lo mismo el tratamiento con guaraníes y quechuas que quizás con campesinos. Porque la cuestión cultural o indígena, o si son contactados, no contactados o semicontactados, también influye a la hora de hacer los abordajes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>