Migración por cambio climático: el caso de Kiribati

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El fenómeno migratorio, definido como todo desplazamiento de población de un lugar de origen a otro de destino, puede obedecer a diversas causas. En función de éstas, hay una clasificación que distingue entre migraciones voluntarias (que pueden ser de carácter social o económico) y forzosas o forzadas. Esta última categoría genera inmediatamente un interrogante: ¿qué puede obligar a las personas a abandonar sus hogares y buscar uno nuevo?

Hay todo un abanico de razones, pero una ha venido cobrando importancia desde el tsunami del océano Índico (2004) y el huracán Katrina (2005): el deterioro del medio ambiente, que ha obligado a desplazarse a 25 millones de seres humanos[1]. Se calcula que para el 2050, la cifra se elevará a 150 millones. La población vulnerable (niños, ancianos y personas pobres) es la más afectada.

Semejante tendencia migratoria, de acuerdo a la directora adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Laura Thompson, afectará al desarrollo humanitario en cuatro dimensiones:

  • Desbordamiento de las ciudades y de los servicios urbanos.
  • Erosión del crecimiento económico.
  • Aumento de la inestabilidad política y de los conflictos étnicos.
  • Deterioro de las políticas de salud y el bienestar social.

Las islas “tragadas” por el océano

Sabemos que una de las manifestaciones más concretas del cambio climático es el incremento del nivel del mar (considerado un desastre natural de impacto lento), algo que afecta especialmente a los llamados Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), algunos de los cuales se encuentran en peligro de desaparición. De acuerdo al investigador Ilan Kelman[2], la posibilidad de continuar habitando dichos países se reduce además por otros factores: el incremento de la frecuencia e intensidad de las tormentas, el aumento de la acidez de los océanos y los cambios en los recursos marinos y de agua dulce. El caso que queremos abordar aquí es el de Kiribati[3], país del océano Pacífico compuesto por 33 atolones y una isla volcánica, ubicado al noroeste de Australia.

La nación en cuestión está siendo literalmente tragada por el agua, algo que no sorprende si se tiene en cuenta que la mayor parte de las tierras del archipiélago apenas se alza entre dos y cuatro metros por sobre el nivel del mar.

Frente a esta situación, el gobierno de Kiribati decidió algo inédito: negociar con la vecina Fiji la compra por 10 millones de dólares de 20 kilómetros cuadrados de su territorio (en la isla Viti Levu, más específicamente) para albergar allí a 100 mil kiribatianos.

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Ahora bien, recurramos nuevamente el valioso trabajo de Kelman, quien enumera toda una serie de cuestiones a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo semejante desplazamiento de población:

-Determinar cuándo se realizará la emigración. ¿Se producirá lo antes posible o se esperará a que ocurra un desastre natural para convencer más fácilmente a la población?

-Es necesario elegir el lugar al que la gente será trasladada. Hay dos opciones: las personas podrían abandonar su identidad para integrarse en otro lugar, o decidir conservar su cultura y lengua, recreando su comunidad en una tierra similar a la original. Aunque Kelman considera esta última alternativa como poco viable porque islas parecidas sufrirán fenómenos similares a los que se producen en las que han sido evacuadas. También es posible que, para llevar a cabo el reasentamiento de población, otro Estado deba ceder territorio (el caso de Kiribati es un claro ejemplo). Asimismo, otro camino consistiría en crear nuevos terrenos.

-En materia de soberanía, tema que genera quizás los interrogantes más interesantes, Kelman se pregunta si deberían recrearse totalmente los Estados soberanos y los territorios no soberanos, o si deberían ajustarse estos regímenes de gobierno. El especialista señala que existen otras opciones: acceso conjunto a los recursos de la isla; un grado de autonomía que comprenda sistemas jurídicos paralelos y complementarios; un grado de autonomía que integre, por ejemplo, sistemas monetarios paralelos.

De no prosperar la iniciativa del gobierno de Kiribati para comprarle parte de su territorio a Fiji, lo que implicaría una “mudanza” masiva de población (con considerables desafíos, como la inserción laboral de los inmigrantes, entre otras cosas), se han barajado otras opciones, como la construcción de una muralla a lo largo de la costa de los islotes más amenazados, para frenar la subida del mar, o de una plataforma similar a la que usan las empresas petroleras para extraer el crudo en medio del océano.

Sea como sea, el cambio climático y sus consecuencias se han convertido para Kiribati, como indicaron varios medios de comunicación, en un asunto de prioridad nacional. “Nuestra gente tendrá que ser reasentada cuando las mareas hayan alcanzado nuestros hogares y poblaciones”, anunció en un discurso el presidente del país polinésico, Anote Tong.

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El caso de Ioane Teitiota

Mientras se continúa buscando una solución, varios kiribatianos ya han emigrado ante el temido hundimiento de sus asentamientos. Y hay algunos que, viviendo en otros países, han intentado hacer valer su derecho de asilo por la imposibilidad de retornar a su patria de origen, pero sin éxito. Tal es el caso de Ioane Teitiota, inmigrante desde el 2007 en Nueva Zelanda y padre de tres hijos, que había solicitado refugio al Tribunal Superior neocelandés para evitar su deportación a Kiribati tras el vencimiento de su visado de trabajo[4].

Teitiota, para justificar su pedido, había alegado que los efectos de la pérdida de terrenos, la salinización y la mala calidad del agua de Kiribati serían eventualmente perjudiciales para él y su progenie, afectando su capacidad de sobrevivencia. Pero el juez neocelandés John Priestley negó que el kiribaitiano fuera víctima de una violación de sus derechos básicos.

Ahora bien, todo parecería reducirse a un tema jurídico, ya que ni Teitiota ni sus hijos cumplían al pie de la letra con los requisitos establecidos en la Convención para los Refugiados de la ONU. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿qué derechos amparan a las personas que emigran por causas climáticas? ¿Hay alguna figura jurídica que los contemple? ¿O es imprescindible “actualizar” dicha Convención?

Qué dice el Derecho Internacional

La directora de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria (RLCU), María Paula A. Cicogna, se encarga de responder a los interrogantes ya mencionados: “Los desplazados que son producto de la contaminación, las catástrofes naturales y el cambio climático no se hallan bajo la protección de norma alguna”[5]. No pueden ser considerados ni refugiados ni apátridas. En otras palabras: viven en una especie de limbo jurídico, al punto que Enrique Turner, abogado especializado en DDHH, los denomina “parias del calentamiento global”.

En los últimos años se ha venido popularizando el uso de un término, refugiado climático y/o refugiado ambiental (es indistinto), en un intento por conceptualizar el fenómeno de las personas desplazadas por el deterioro del medio ambiente. La profesora Susana Borràs Pentinat lo define de la siguiente manera:

Son refugiados ambientales “aquellos individuos  que  se  han  visto  forzados  a  dejar  su  hábitat  tradicional,  de  forma  temporal  o  permanente, debido  a  un  marcado  trastorno  ambiental,  ya  sea  a  causa  de  peligros  naturales  y/o  provocados  por  la actividad humana, como accidentes industriales o que han provocado su desplazamiento permanente por grandes  proyectos  económicos  de  desarrollo,  o  que  se  han  visto  obligados  a  emigrar  por  el  mal procesamiento y depósito de residuos tóxicos, poniendo en peligro  su existencia y/o afectando seriamente su calidad de vida”[6].

Pero tal término, valga la aclaración, no existe como figura jurídica[7]. Justamente, la propuesta de Cicogna es enmarcar normativamente a los damnificados para generar un marco de protección. Sugerencia que nos hace llegar al último apartado de este artículo.

Propuestas

Que en el marco de la ONU se cree una nueva convención que conceptualice el problema de los desplazamientos por motivos ambientales, tal es la sugerencia de Cicogna. “Este es un problema que sólo va ir en aumento, e invisibilizarlo normativamente sólo provocará más personas sin protección: víctimas fatales, apátridas, desplazados internos, etc”, advierte. Por su parte, Vikram Kolmannskog y Lisetta Trebbi[8] señalan que otros especialistas opinan que lo mejor sería

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modificar la actual Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Aunque conseguirlo sería muy difícil por –en opinión de algunos autores- la oposición de los principales países desarrollados, los cuales incluso quieren restringir la aplicación de dicha Convención tal cual como está hoy.

Ambos mencionan otras alternativas: crear o modificar convenios regionales; aplicar una interpretación más dinámica y contextualizada del actual derecho de los refugiados; elaborar regímenes de protección complementarios y posiblemente temporales, entre otras cosas. Los licenciados concluyen su trabajo afirmando que quizás la solución más eficaz consistiría en un enfoque múltiple: o sea, en la combinación de las opciones ya enumeradas.

La OIM, en un documento de trabajo sobre el tema[9], propone “crear capacidades” (algo definido como “el proceso de fortalecimiento de los conocimientos, habilidades, aptitudes, recursos, estructuras y procesos que necesitan los Estados y las instituciones para alcanzar sus objetivos con eficacia y de manera sostenible, y para adaptarse al cambio”) y una serie de medidas específicas:

  • Es indispensable consolidar las capacidades de investigación y recopilación de datos, para elaborar políticas y programas eficaces.
  • Promover procesos legislativos y normativos eficaces por conducto de la consolidación de las capacidades institucionales.
  • Hay que optimizar la capacidad operacional de hacer frente a desastres naturales y prevenir situaciones de emergencia humanitaria, para así evitar que se desencadene una migración forzosa.

Por mi parte, puedo añadir a todo lo dicho que, reconociendo la necesidad de crear una figura jurídica que contemple a los “refugiados climáticos” (los cuales no son un problema potencial, sino una realidad de hoy), es prioritario –a la hora de coordinar un plan para garantizarles sus derechos a estos migrantes- resolver el tema de la financiación, aumentar la cooperación entre los Estados, respetar normas elementales como el principio de no devolución (la prohibición absoluta y general de enviar a una persona, cualquiera sea su conducta o estatuto, a lugares donde existe el riesgo de que le violen determinados derechos) y exigirles a los países desarrollados, especialmente a aquellos responsables del deterioro ambiental, que encaren un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático con responsabilidades claras, objetivos factibles y adecuadamente escalonados, y obligaciones ineludibles.


[1] Mármora, Lelio. Las políticas de migraciones internacionales. Buenos Aires, Paidós, 2002.

[2] Kelman, Ilan. La evacuación de las islas. En revista Migraciones Forzadas, Nº 31, noviembre 2008.

[3] La ONU, allá por 1989, ya había alertado que Kiribati podría ser uno de los primeros países tragados por las aguas de no ser tomadas las medidas adecuadas para combatir el deterioro del medio ambiente.

[4] Este caso está muy bien documentado en el blog tiempoinestable.com

[5] Refugiados ambientales/Personas ambientalmente desplazadas: ¿qué derechos los amparan?, de Cicogna, María Paula A. En mesa “Medio Ambiente”. VIII Encuentro Internacional de Investigadores de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Desafíos del siglo XXI: temas de agenda de los gobiernos latinoamericanos. Universidad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos (Argentina). 22 y 23 de noviembre de 2012.

[6] Ídem.

[7] La propuesta de crear una nueva categoría con status jurídico, justamente la de “refugiado ambiental” –lo que implicaría enmendar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados-, no se abordó en la 3ª Conferencia Internacional sobre Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), realizada en septiembre de 2014 en Samoa. Se desperdició así una gran oportunidad, y muchos especialistas opinan que fue por presión de los países más desarrollados, los cuales se niegan a ampliar la Convención para incluir a ese tipo de migrantes.

[8] Cambio climático, desastres naturales y desplazamiento: un enfoque múltiple para resolver las brechas de protección. En revista International Review of the Red Cross. Septiembre de 2010, Nº 879.

[9] Diálogo Internacional sobre la Migración. Taller Intermedio relativo a Cambio Climático, Degradación Ambiental y Migración. 29 y 30 de marzo de 2011. Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

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